La cuarta asamblea de mujeres del “Movimiento en defensa
de la tierra, el territorio y el derecho a decidir” se realizó los días 6 y 7
de marzo y culminó con un acto político en la plaza central de la ciudad de San
Cristóbal de las Casas, en el marco del paro internacional del 8M.
Durante la jornada, mujeres y hombres de
diferentes comunidades de Chiapas presentaron sus luchas en contra de las
actividades extractivas que están amenazando sus territorios y sus vidas. Por
eso condenaron el encarcelamiento arbitrario de Silvia Juárez Juárez, mujer
zoque de la Asamblea de padres de familia de Tecpatán, desde donde se oponen a la
exploración de pozos de hidrocarburo, y la violencia feminicida que impera en el
Estado.
La discusión de ambos días se centró en la
propuesta de tenencia familiar que invita a ejercer el derecho de propiedad de
manera colectiva, para que otros miembros de la familia, como esposas,
hijas e hijos también se reconozcan como titulares de la tierra. Esta medida
busca hacer frente a las políticas neoliberales del Estado que han desestructurado
la vida campesina, y promovido el despojo del territorio.
La propuesta fue construida en la
asamblea del mes de noviembre y tiene cuatro principios básicos: 1) que los
ejidos y comunidades sean propiedad social; 2) que la tierra se conserve como
propiedad familiar; 3) la participación de las mujeres en asambleas y
decisiones, con voz y voto; y 4) que ellas puedan ocupar cargos de autoridad
comunal.
En
el proceso de reflexión algunas hicieron evidente el problema que podría
originar el apelar a una tenencia familiar de la tierra, sobre todo porque en
el imaginario colectivo se mantiene la idea de una unidad familiar tradicional
compuesta por papá, mamá, hijas e hijos. De esa cuenta, propusieron reconocer los diversos tipos de familia,
poniendo énfasis en las dinámicas de colectividad. Es relevante hacer notar que la lucha es por la tenencia
colectiva, como medida para hacer frente al carácter individual que promueve el
capitalismo.
Esta
propuesta tiene su referente en una lucha de más de 10 años, cuando
las mujeres se encontraron con problemáticas de despojo de sus tierras por
parte de esposos, familiares, vecinos y asambleas comunitarias, porque no estaban
reconocidas como “legítimas propietarias”, aunque se hacían cargo del trabajo
que implicaba tener la tierra y de los cuidados de la familia.
Es preciso recordar que la Revolución
Mexicana de 1910 logró que la población campesina e indígena conformara ejidos
y comunidades como propiedad social. Pero, en la práctica se hacía evidente el
carácter patriarcal del Estado porque otorgaba recursos a los hombres como
representantes de la familia. Las reformas estructurales del campo, implementadas
desde 1992, han hecho que este derecho jurídico se pierda y se asegure una
práctica patriarcal que oxigena al capitalismo, al despojar a las pocas mujeres
que son propietarias o bien evitar que sean ellas las que decidan qué se hace
con este recurso.
Esta propuesta será presentada y
socializada en las comunidades, con autoridades ejidales y comunitarias, para
lo cual se asignarán delegadas para llevar la palabra. La asamblea también acordó
acercarse al Consejo Nacional Indígena para posicionar la propuesta de defensa
de la tierra y el territorio desde el pensar y sentir de las mujeres; y apoyar
su propuesta política de conformar un Consejo Indígena de Gobierno que tendrá
como vocera a una compañera indígena.
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